En una situación ideal, la delincuencia no debería existir. Evitarla tiene fórmulas eficaces en distintos países del mundo; sin embargo, no es el caso de México y de territorios del mundo en los que hay ingobernabilidad, generada en muchas ocasiones por la injusticia, la corrupción, la impunidad, entre otros males.
Linchamientos
Recibimos con frecuencia estas lamentables noticias que evidencian la ineficacia del gobierno por garantizar la seguridad ciudadana, siendo uno de sus principales tareas en concepción de un Estado como tal. Al no haber justicia, al verse la inacción de las autoridades para contener la violencia, la delincuencia o la criminalidad, la población ejerce presión realizando detenciones por su cuenta y tratando de hacer justicia por propia mano.
Dadas las circunstancias de impunidad actuales, los pobladores lastimados por la acción interminable de bandas delincuenciales, se ven en la necesidad de ejercer detenciones y linchar (si las autoridades no llegan a tiempo) a los presuntos criminales.
Sin juicio legal de por medio
El hecho de contar con una serie de leyes que regulan la impartición de justicia es precisamente para evitar que los criminales también puedan ejercer sus derechos de defensa. Pero aún no están garantizados los derechos de las víctimas y eso es lo que la población cuestiona.
Si la sociedad exige que se castigue a los criminales y eso no sucede, pues muchos de los detenidos salen libres en pocas horas o días, consideran que, en justicia, se debe castigar con linchamientos. Tristemente, hace pocos días, se lincharon a dos inocentes.
¿A quiénes culpamos?
La situación, como dije en el primer párrafo, es generada por la ineficiencia de las autoridades para impartir justicia, establecer el orden y garantizar la paz de la ciudadanía. Desde luego, si el 99% de los sucesos delincuenciales mexicanos quedan impunes y si muchos de los criminales forman parte de la flotilla gobernante, incluido el presidente Peña como mentiroso, corrupto, ladrón y asesino autoritario, los gober-ladrones que evaden la acción de la justicia y los jueces y magistrados que se venden a favor de los delincuentes para que evadan la acción penal, tenemos una muy justificable participación social en el sometimiento y castigo de los criminales atrapados in fraganti.
Nadie debe hacer justicia por propia mano
¿No? ¿Por qué no? El Artículo 17 de nuestra Carta Magna señala que nadie debe hacer justicia por su cuenta, es decir, que para el Derecho como ciencia, desde la época salomónica, deben ambas partes permitir que sea un tercero, alguien con visión equilibrada, una persona que sea verdaderamente intermedia para dirimir las diferencias entre los afectados.
Claro está que el verdadero problema nace de la imparcialidad de los responsables de impartir justicia que suelen corromperse, facilitar las trampas legales, aceptar dádivas y ser parte de los grupos criminales que se han infiltrado en los estamentos del poder. Así, es A contra B y C en lugar de que C sea intermediario entre A y B.
Los linchamientos deben ser vistos como una falla de la autoridad y no como un acto de barbarie social. Porque, si hablamos de justicia, son los gobernantes los que no hacen correctamente su trabajo, su primera responsabilidad de garantizar la paz y la justicia. El linchamiento es producto de esos vacíos o quizá vicios del poder.